Más allá de la Justicia

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La insignia (Jungle World), Mayo del 2002

Alex Flor

Traducción para La insignia: Andrés Manzanares.

Jungle WorldEn Indonesia tienen lugar varios procesos contra militares de alta graduación y políticos, pero los  acusados no han pensado en la posibilidad de dimitir. Hasta hace poco se les consideraba inalcanzables para la Justicia indonesia. Generales y altos cargos de la dictadura de Suharto quedaron  impunes, cualesquiera que fueran las pruebas contra ellos.En estos momentos, sin embargo, varias  personas prominentes se encuentran ante los tribunales de Yakarta.

A mediados de marzo, tras un retraso de varios meses y pocos días antes del inicio de la conferencia  de las Naciones Unidas sobre derechos humanos en Ginebra, comenzaron las primeras causas contra  presuntos responsables de los actos de barbarie cometidos en Timor Oriental. Entre otros acusados figura el entonces gobernador de Timor Oriental, Abilio Soares, así como el entonces jefe provincial de  policía, Timbul Silaen.

Casi al mismo tiempo comenzó el proceso contra Tommy Mandala Putra, el hijo más joven del dictador  Suharto, quién se mantuvo en el poder hasta 1998. El multimillonario hijo ya fue condenado en  septiembre del 2000 a 18 meses de cárcel por un caso de corrupción, pero pasó a la clandestinidad. Mientras jugaba con la policía al gato y al ratón, con cobertura mediática, sus abogados consiguieron la  anulación del fallo. Antes, en julio de 2001, el juez que le había condenado había sido asesinado a tiros  en mitad de la calle. Cuando en noviembre del año pasado fue finalmente capturado, Tommy tuvo que  afrontar la acusación de asesinato, huída de la Justicia y posesión ilegal de armas.

Otro proceso actual es el que se abrió a finales de marzo contra el presidente del Parlamento y a la vez  presidente del antiguo partido en el poder, Akbar Tandjung. Se le acusa de haber desviado a su bolsillo  3,6 millones de euros que debían ser dirigidos a mitigar los efectos de la crisis económica en los sectores más pobres de la población.

¿Se puede decir que hay signos de una nueva era en Indonesia, en la que la ley también esté por  encima de la oligarquía gobernante? La vehemencia con la que Indonesia se defendió la semana  pasada contra la inclusión en una nota de consenso de la conferencia sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas de una mención a la necesidad de aplicar los mínimos internacionales de garantía  jurídica en todos los procesos indica que la realidad es diferente. También Frans Winarta, de la  Comisión Legal Nacional duda sobre la coherencia de la Justicia: “No veo ninguna voluntad política de  hacer respetar la ley. Los juicios sólo tienen como objetivo frenar la hostilidad popular y las exigencias  de justicia”. Un vistazo a la lista de los que no están entre los acusados es concluyente. Según un  informe encargado por el gobierno para investigar los hechos de Timor Oriental, se debía incluir a 33 personas entre los responsables, entre ellas al entonces máximo responsable del Ejército y ministro de  Defensa, el general Wiranto. La Fiscalía del Estado, sin embargo, sólo inició causas contra 19 de ellas,  de las que sólo 7 van a verse delante de un tribunal. Wiranto no está entre ellas. A pesar de que en  teoría se les podría condenar incluso a muerte, ninguno de los acusados se encuentra en prisión  provisional. Algunos de los militares han sido incluso ascendidos.

El contenido de las acusaciones se limita a los excesos violentos en los meses de abril a septiembre  de 1999. El sistema político indonesio, las causas de la violencia y los crímenes cometidos desde la  ocupación indonesia de Timor Oriental en 1975 no se tratarán. Porque en caso contrario tendrían que estar en el banquillo muchas otras personas, como el mismo Suharto. Los incontables crímenes  cometidos durante sus 37 años de dictadura quedarán impunes.

Suharto solamente fue acusado por corrupción, y el proceso quedó anulado por su mala salud.  Tampoco los miembros de su familia, que durante años se enriquecieron ilegalmente, han sido procesados. Solamente el comerciante de maderas tropicales Bob Hasan fué condenado a varios años  de cárcel. Como publicó la revista indonesia Tempo, Hasan está convirtiendo la isla penitenciaria de Nusakambangan en un paraíso turístico, financiando trabajos de saneamiento y la construcción de una  mezquita e instalaciones deportivas. Tommy también ha invertido en la mejora de su celda, tras su detención: ha hecho colocar azulejos, pintar las paredes e instalar aire acondicionado.

Respecto al presidente del parlamento, Akbar Tandyung, no parece haber visto ninguna razón para  dimitir de su cargo. La suma malversada ha sido restituida a través de un conducto anónimo. Pero los  pobres tampoco han podido aún comprar arroz con ella, por lo que este proceso es el que recibe más  atención por parte de la opinión pública indonesia. Los compañeros de partido de Tandyung estaban  preocupados por evitar una comisión de investigación más. La condena del presidente del partido sería  tolerable, pero una investigación a fondo podróa dañar seriamente al partido, hasta el extremo de la  disolución, si se llegara a la conclusión de que el dinero malversado se dedicó efectivamente a la  campaña electoral. Sin embargo, no se llegará a tanto, porque entonces otros también tendrían motivos  de preocupación. Todos los partidos que concurrieron a la elecciones, a excepción del PRD (de  Izquierdas) parecen haberse beneficiado de la suma en cuestión, según escribía el 6 de febrero el  Jakarta Post. Tandyung fue puesto en libertad despues de un més en prisión provisional. Desde  entonces lleva de nuevo los asuntos propios de su cargo. También el presidente del banco central,  Syahril Sabirin, condenado a tres años de prisión en primera instancia por corrupción, se encuentra en libertad y no dimite.

La costumbre de dimitir aún no ha sido adoptada en la cultura política indonesia. De conciencia de  culpabilidad no hay ni una sola traza en la élite política y económica, y la justicia se limita a perseguir  casos aislados. A pesar de todo, los procesos en curso son un comienzo importante, que al menos  prueban una cosa: la población no tiene ningún reparo en ver en la cárcel, como cualquier delincuente, a los que antes eran poderosos e intocables.

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